EL DECRETO INVASOR DE LA SEPARACIÓN DE PODERES

Decía Montesquieu que la única manera de limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos era la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.
 
Como Jurista, hoy 29 de Abril del año 2020, y ante el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de 2020, publicado hoy en el BOE, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, asisto estupefacta al control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, todo un ataque al Estado Liberal.
 
¿Qué le falta a este RD?
 
 
¿Qué hay de la Separación de Poderes Sr. Ministro de Justicia? Se dicta este Real Decreto, para paliar y abordar el colapso que se avecina en los Tribunales, tras un parón sin precedentes en los juzgados que no viene a hacer otra cosa que dejar al desnudo la dejadez y desidia que ha sufrido la Administración de Justicia por parte del Bipartidismo durante años, y sin embargo, en este Real Decreto, brillan por su ausencia aspectos reales y urgentes que podrían justificar tal norma: Más personal e implantación de medios telemáticos, sobre estos aspectos más parece una declaración de intenciones que unas verdaderas medidas de altura y calado para hacer frente a la grave situación.
 
¿Qué le sobra a este RD?
 
 
Por contra, esta Disposiciónaborda cuestiones que pivotan sobre nada más y nada menos que el artículo 24 de la Constitución Española, y se regula a golpe de Decreto el contenido de un derecho que solamente puede ser regulado mediante Ley Orgánica, y se hace además lejos del consenso con los operadores jurídicos y oposición.
 
Se habilita la tercera parte del mes de agosto y se hace sin medios para ello, da carácter preferente a ciertos procedimientos dejando que la incertidumbre se abra paso sobre otros tantas causas, abre la puerta a Órganos que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19, cuando todos los letrados hemos sido testigos de la descarada dilación que supuso similar medida en Juzgados especializados en cláusula suelo… y así un largo etcétera que merecería ser abordado con detalle…
 
En definitiva un Decreto que en modo alguno va a resarcir ni remediar el desmesurado atasco que sufren los Juzgados pero que sí supone una intromisión de la función ejecutiva en la judicial y que no cumple la finalidad para la que supuestamente se dicta.
 
A fin de cuentas, este Decreto es todo lo contrario a lo que en el primero de Derecho te enseñan que debe ser una norma…
 
 
Elena Ramírez Lillo
Abogada
 
Publicado en Actualidad.